Este texto fue apresentado en el Eima 8 el dia 18 de octubre en la mesa de "Biodiversidade e empregos verdes".
Biodiversidad y empleos verdes.
El vínculo entre el capital social y el capital natural en la crisis global ambiental
Guillermo Castro H.
Panamá, Fundación Ciudad del Saber, octubre de 2011
I. El marco conceptual e histórico del debate
La incorporación de lo ambiental como objeto de discusión económica hace parte de dos problemas centrales de nuestro tiempo. El primero consiste en la creciente evidencia de una crisis en las relaciones entre una economía cuya buena salud depende de la rapidez de la rotación del capital en un proceso de crecimiento infinito, y la base natural finita que la sustenta, desbordada ya en su capacidad de proveer recursos y servicios ambientales al ritmo y en los montos que esa economía demanda. El segundo, en la creación y desarrollo de los medios conceptuales necesarios para dar cuenta de esa contradicción, y caracterizar los problemas que se derivan de ella en términos que hagan viable su solución.
Ambos problemas hacen parte de la formación de la llamada economía verde en tres planos. Uno es el de la relación de esa economía con el fomento de prácticas productivas más armoniosas con las capacidades y las limitaciones de los sistemas naturales en su relación con los sistemas económicos y sociales. Otro, el de sus vínculos de afinidad y conflicto con el pensamiento económico precedente. Y otro, finalmente, es el de las formas de organización social de los procesos de interacción con la naturaleza, que incluye la demanda y la práctica de esas modalidades nuevas de relación entre la sociedad y su entorno natural.
Esta triple dimensión del problema explica, por ejemplo, que la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible – ya conocida como Rio + 20 -, tenga como temas temas principales a la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y al marco institucional para el desarrollo sostenible. Pero ella expresa además los problemas que emergen de la formación de un mercado global de servicios ambientales – que incluye el de las tecnologías y los saberes que la producción de esos servicios requiere -, cuyo vigoroso desarrollo ocurre en contradicción tanto con sectores económicos más tradicionales, como con amplios movimientos sociales que han incorporado lo ambiental a su agenda política.
Esta relación entre lo económico y lo social se desarrolla por ahora en un proceso marcado por dos líneas de conflicto vinculadas entre sí de manera cada vez más compleja. Una de ellas está asociada a la transformación masiva de la naturaleza en capital natural, mediante vastos procesos de reordenamiento territorial y la inversión en infraestructuras de gran escala, a menudo en conflicto tanto con sectores indígenas, campesinos y de capas medias urbanas. La otra corresponde a la resistencia de grupos de poder económicos dependientes de las que Nicolo Gligo ha llamado “ventajas competitivas espurias”, como el acceso a recursos naturales y mano de obra baratos, y a la posibilidad de transferir a la sociedad los costos ambientales de su actividad. Aquí se expresa, en particular, el conflicto entre los sectores económicos vinculados a lo que James O’Connor ha llamado la producción de las condiciones naturales de producción, y aquellos otros que dependen de esas condiciones para producir, pero encuentran limitaciones cada vez mayores para acceder a ellas a bajo costo o sin costo alguno, como en el pasado.
En esta circunstancia, la economía verde viene a ser la expresión más reciente de ese ejercicio de búsqueda de la verdad en una casa de espejos en que ha devenido el debate sobre el desarrollo sostenible, enfrentado a la tarea de encarar (o eludir) el problema mayor de nuestro tiempo, que es el de la capacidad que tenga (o no tenga) el orden mundial realmente existente para transformarse en el protagonista de su propia salvación. En ese debate, la economía verde ha sido objeto de múltiples definiciones. Como suele ocurrir, una de las más claras y sencillas proviene de la gran tradición latinoamericana de pensamiento sobre los problemas del desarrollo. Así, en un documento reciente la CEPAL ha expresado que una economía verde es aquella
que incrementa y privilegia el bienestar humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. […] En una economía verde se reducen los impactos ambientales negativos, como las emisiones de carbono y la contaminación, a la vez que se promueve la eficiencia en el uso de la energía y de los recursos y se evita la pérdida de diversidad biológica y de los servicios de los ecosistemas.
(CEPAL, 2011: 12)
El problema, aquí, consiste en la posibilidad de fomentar una economía así concebida en el marco del orden mundial realmente existente. Así, por ejemplo, el mismo documento de la CEPAL – tras recapitular los mandatos y acciones derivados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo y el Ambiente celebrada en Rio de Janeiro en 1992, y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible ocurrida en Johannesburgo en 2002 -, señala que – en vísperas Rio + 20 -, “los grandes retos de la región en materia de desarrollo sostenible siguen siendo los mismos de antes, pero ubicados en un contexto nuevo y más exigente de cambio climático y de reajuste del poder económico mundial”. (CEPAL, 2011: 21). Aun así, añade el documento, la buena noticia consiste en que
la situación ambiental de América Latina y el Caribe es hoy muy distinta a la que había en 1972, cuando el medio ambiente aparecía muy marginalmente en la agenda pública; en 1992, cuando la región estaba saliendo de una “década perdida” de bajo crecimiento, alta inflación y demás restricciones relacionadas con el endeudamiento externo, y en 2002, cuando salía de una década de reformas que había debilitado las estructuras gubernamentales y enfrentaba nuevas crisis económicas. (CEPAL, 2011: 21)
De un modo característico en nuestro tiempo, esa novedad coincide con una circunstancia definida por el crecimiento económico de la región durante la última década; su creciente importancia en la economía mundial; el fortalecimiento de sus organizaciones estatales, y lo logrado en materia de reducción de la pobreza. A eso habría que agregar, si de ambiente se trata, la masificación del interés por los problemas ambientales; la creciente incidencia de ese interés en nuestros movimientos sociales; la renovada vigencia del pensamiento latinoamericano en este campo – en áreas que van desde la historia ambiental hasta la ecología política -, y la formación de una intelectualidad que recoge lo mejor de una tradición que se remonta al menos a la década de 1970 y lo vincula a lo mejor, también, de los grandes debates contemporáneos sobre el tema.
En esa perspectiva, el camino a Rio + 20 tiene su punto de partida en la advertencia hecha por Fidel Castro en Rio 92, cuando señaló lo siguiente:
Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. […] La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. […] Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para un desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre.
Rio 92 permite, así, ubicar la discusión sobre la economía verde – en si misma, y en su relación con el desarrollo sostenible - en un contexto histórico bien definido. Esto proporciona una línea base a la cual referir los argumentos y las previsiones que esa discusión motive. Y esto no es poca cosa, cuando de lo que se trata hoy no es de encontrar soluciones a los problemas ambientales que encara nuestra especie en este momento de su desarrollo dentro de un orden mundial que se desintegra, sino de establecer con claridad las opciones de futuro que se abren a partir de esa desintegración en curso.
Con toda evidencia, la economía verde, aun en la acepción (casi) políticamente correcta que le da la CEPAL, no es posible ni en el capitalismo que conocemos, ni en los socialismos que conocimos. Llegar a una economía así supone encarar un problema cultural y político que está en el corazón mismo del ambientalismo contemporáneo: aquel que se deriva del hecho de que, siendo el ambiente el producto de las interacciones entre la sociedad y su entorno natural, quien aspire a un ambiente distinto tendrá que contribuir a la construcción de una sociedad diferente.
Identificar esa diferencia, y establecer los términos de su viabilidad, es el mayor desafío que encaran todos los que participan del debate en curso.
II. Las preguntas del EIMA
¿Qué se entiende por empleos verdes?
Aquí cabe entender por empleos verdes aquellos que se generen en el marco de una economía que, como lo plantea la CEPAL, incremente y privilegie “el bienestar humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas”. Ellos no se reducen, ciertamente, a posiciones de trabajo en el sector formal de la economía, sino que incluyen, además, el fomento a actividades productivas que concurran al mismo objetivo. Lo importante, en todo caso, es que la coexistencia de empleos verdes y otros que no lo son – como los asociados al complejo militar industrial y al extractivismo, por citar dos ejemplo – sólo puede ocurrir en una fase de transición hacia modalidades de relación entre la sociedad global y su entorno planetario totalmente distintas a las que conocemos hoy. En efecto, en el largo plazo todos los empleos habrán de ser verdes, o terminará por no haber empleo alguno. Y es bueno saber esto cuando estamos apenas en el comienzo del camino.
¿Cómo se puede incorporar en los modelos económico y empresariales los valores tangibles e intangibles de la biodiversidad, de un modo que estimule la creación de empleos verdes y el uso sostenible de la biodiversidad?
Los modelos económicos y empresariales del capitalismo que conocemos – como los de los socialismos que conocimos – no fueron generados para asumir este tipo de problemas. Han debido encararlos debido al deterioro de las condiciones naturales de producción, que incrementa sus costos y disminuye sus ganancias en lo económico, y al incremento de la demanda social de un desarrollo que sea sostenible, que incrementa los riesgos políticos de la inversión tradicional.
En esta circunstancia, los modelos de razonamiento y acción (aún) vigentes tienden inevitablemente a un enfoque reduccionista, en búsqueda de salidas que preserven su capacidad de control. Así ocurre, por ejemplo, con la tendencia a reducir la crisis ambiental global al cambio climático; éste, a medidas de mitigación y adaptación; éstas, a su dimensión tecnológica, y esta última, a su vez, a su dimensión financiera.
En realidad, estamos ante el desafío de entender y asumir que la única manera de fomentar el capital natural es aquella que opere mediante el fomento del capital social, que es tanto como decir que es necesario apoyar el desarrollo de formas sociales de interacción con la naturaleza que permitan retener cantidades cada vez mayores de valor en los eslabones iniciales de la cadena productiva. En lo más general, esto equivale a decir que la crisis ambiental global expresa las consecuencias del carácter desigual y combinado del desarrollo realmente existente, que ha venido a ser insostenible precisamente por su incapacidad para ser equitativo, esto es, para evolucionar hacia una relación con la naturaleza que sea tan armónica como las que existan entre los distintos sectores de la sociedad.
¿Las universidades están preparadas para la formación de profesionales con esta visión del mundo, y las empresas para recibir a estos profesionales?
Como lo ha expresado el filósofo mexicano Enrique Leff, la historia ambiental es la historia del concepto de ambiente. Lo ambiental, en este sentido, constituye un eje de organización cultural que es finalmente inasimilable por las estructuras de gestión del conocimiento creadas entre 1850 y 1950 como respuesta a la demanda de conocimiento por parte de los sectores empresariales emblemáticos de aquel período.
Esas estructuras, aun dominantes en el medio académico, se caracterizan por dos rasgos que fueron muy dinámicos en su momento: la especialización en tareas de producción y difusión de conocimiento, y la fragmentación siempre creciente en el ejercicio de esas tareas. Ninguno de esos rasgos resulta verdaderamente productivo en una circunstancia que demanda una gestión integrada del conocimiento, capaz de dar cuenta de la complejidad del mundo tal como hoy empezamos a conocerla, y capaz también de vincular esa gestión del conocimiento con la de los procesos de producción material de un modo enteramente nuevo.
En esta perspectiva, quizás cabría decir que un número creciente de empresas se ve ya en la necesidad de encarar estos problemas desde sus propias estructuras, generando iniciativas de gestión del conocimiento sin equivalente en la oferta académica, o en las que esa oferta académica tiene un papel meramente complementario. Aquí cabría decir, incluso, que la cuota mayor de responsabilidad por el carácter aún fragmentario, disperso y relativamente marginal de la respuesta académica ante los desafíos científicos, tecnológicos y culturales de la sostenibilidad – que incluyen el desarrollo de medios conceptuales y organizacionales para el fomento de una economía verde, por cierto – radica más en las universidades que en las empresas, y en éstas más que en los movimientos sociales.
En esta perspectiva general, ¿qué contribuciones cabe esperar de un profesional que trabaje en el área de sostenibilidad o en otras relacionadas, como medio ambiente, derechos humanos, desarrollo de cultura organizacional, y cuáles son los principales desafíos que ellos deben encarar?
La contribución más importante será, siempre, la que promueva el abordaje integral de los problemas, y el carácter integrado de las soluciones que la transición hacia una economía verde le plantea a todas las empresas, con independencia de si sus directivos y accionistas están o no consciente de ello. Esto se traduce en la promoción de una cultura organizacional nueva, de carácter estratégico correspondiente a los problemas y oportunidades que plantea la crisis ambiental global, y el mayor desafío consiste, aquí, en encarar la resistencia al cambio inherente a las organizaciones burocráticas, sean estatales o privadas, tanto si se expresa en su negativa a reconocer la necesidad de cambiar, como si lo hace mediante la mediatización de esos cambios, si su necesidad ha sido reconocida.
¿Cuáles son las buenas prácticas que deben ser diseminadas?
Deben ser más diseminadas aquellas prácticas que agregan mayor valor a la biodiversidad, y retienen un porcentaje más alto de ese valor en los niveles de interacción más directa con el entorno natural. Esto se refiere, en primer término, a prácticas de relacionamiento de las organizaciones productivas con su entorno social sustentadas en el principio de fomentar el capital natural mediante el fomento del capital social. Ese fomento debe ser entendido, por ejemplo, como la creación de las capacidades organizacionales, culturales y educativas imprescindibles para la incorporación de tecnologías más complejas a la actividad productiva, pero además – y sobre todo – para la definición de metas más complejas para su propia existencia, y de las formas de acción social correspondientes a las mismas, por parte de todos los grupos humanos involucrados en los procesos productivos.
¿Cómo podemos incorporar valor a los recursos de la biodiversidad?
Conviene recordar, aquí, que la biodiversidad es un rasgo de los sistemas naturales, y no constituye por sí misma ni un recurso, ni una forma de capital natural. Lo que hace de la biodiversidad – como de cualquier otro elemento natural – un recurso es el trabajo socialmente organizado para su aprovechamiento. Si ese trabajo tiene un carácter meramente extractivo – en el sentido de las “economías de rapiña” a que se refería el geógrafo Jean Brunhes -, el valor que agrega es en realidad muy limitado. Si ese trabajo se orienta hacia el manejo de los ecosistemas para preservar y fomentar su capacidad para sostener una biodiversidad abundante, el valor agregado es mucho mayor. El desafío mayor radica, aquí, en que esto requiere una inversión en capital humano y social que se traduce por necesidad en la tendencia a retener un porcentaje mayor de valor en la base de los procesos, lo que puede afectar la tasa de ganancias en los estratos superiores. Pero a fin de cuentas en la vida sólo se puede escoger entre inconvenientes, como pueden ser los de una tasa de ganancia menor, o ninguna ganancia debido a la destrucción de la capacidad de la naturaleza para proveer las condiciones que hacen posible cualquier producción.
¿Cómo dar escala a las iniciativas de pago por servicios ambientales?
El Pago por Servicios Ambientales ha venido a ser una forma primaria, aún pendiente de verdadero desarrollo, de asumir el hecho de que las condiciones naturales de producción – desde el agua hasta ecosistemas capaces de capturar carbono con gran eficiencia, como el bosque de manglar – deben ser producidas. La producción de las condiciones naturales de producción es un proceso de trabajo. El valor del producto de ese trabajo está determinado por el tiempo socialmente necesario para llevarlo a cabo, que incluye tanto el de su ejecución directa como el de la producción de los medios técnicos, sociales y culturales necesarios para realizarlo.
Desde esta perspectiva, el Pago por Servicios Ambientales puede ser desplazado desde la posición marginal que hoy ocupa en el pensamiento económico hacia una posición central muy relevante en la economía de pasado mañana. Entender y hacer entender que el pago por servicios ambientales es a fin de cuentas el reconocimiento del valor generado por la gestión de los ecosistemas para la producción de condiciones de producción permite ampliar la escala de comprensión del alcance y la importancia de tales servicios para la economía en conjunto, facilita entender su valor y constituye un aporte de enorme importancia para ayudar a una transición ordenada y pronta hacia una economía verde.
¿Cómo se puede aumentar el compromiso de las empresas en iniciativas y alianzas para la protección de las biodiversidad y la promoción de empleos verdes?
Traduciendo el reconocimiento de su responsabilidad en la generación de problemas ambientales en iniciativas de solución con beneficios puntuales para todas las partes involucradas. Esto, a su vez, termina por traducirse en una cultura empresarial nueva, capaz de comprender las ventajas de trabajar con la gente y no contra ella en la solución de los problemas que afectan a todas las partes involucradas.
¿Cuáles son los avances en las políticas públicas?
Los avances son y seguirán siendo limitados mientras se siga asumiendo que lo ambiental es un sector específico y no el elemento vinculante entre las dimensiones económica y social del desarrollo. Esa fase del proceso de construcción de la cultura de la sostenibilidad dista mucho de estar cumplida. Aun así, el mayor factor de esperanza lo constituye la creciente participación de organizaciones sociales y productivas en los procesos de formación y formulación de políticas públicas relacionadas con el ambiente; en la demanda de que toda política publica asuma lo ambiental como un factor relevante en su proceso de formulación, y en el creciente interés de lo ambiental como elemento relevante en el control social de la gestión pública.
Referencias:
Comisión Económica para América Latina y el Caribe: La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la Cumbre de la Tierra: avances, brechas y limitaciones para América Latina y el Caribe.
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